Las defensas de los líderes independentistas catalanes juzgados por el fallido intento de secesión de 2017 coincidieron hoy en que no existen suficientes pruebas para probar los delitos de rebelión y sedición que se le atribuye a la mayoría de imputados, al presentar los últimos alegatos en la jornada final del juicio. 

“Tirar una silla a un agente no convierte los hechos en violentos ni rebelión”, aseguró Mariana Roig, abogada del activista Jordi Cuixart, para quien la Fiscalía pide 17 años de cárcel. 

De la misma forma, la letrada subrayó que “una manifestación pública de protesta no constituye un delito de sedición”, al rechazar también la acusación de la Abogacía del Estado, que responsabiliza a Cuixart y su compañero Jordi Sánchez, de incitar a las movilizaciones “tumultuosas” que tuvieron lugar antes del referendo de autodeterminación que tuvo lugar en Cataluña el 1 de octubre de 2017 bajo prohibición.