Las medias aprobadas por el gobierno incluyen ayudas de 175.000 dinares iraquíes (unos 150 dólares) durante tres meses para cada uno de los 150.000 desempleados y personas sin posibilidad de trabajar, lo que supondrá un costo de unos 65 millones de dólares, informó la agencia de noticias EFE.
Además, para detener el desempleo, el gobierno lanzó un programa de formación para los 150.000 desocupados.
Esto les permitirá entrar en una bolsa de trabajo para ser contratados por empresas de inversión que están instaladas en Irak, al tiempo que se aprobaron ayudas para la modernización de las instalaciones en mercados a cambio de que los propietarios contraten a desempleados.
Desde hace una semana, los ciudadanos iraquíes, convocados a través de las redes sociales, salieron a las calles de las ciudades iraquíes -Bagdad incluida- para manifestarse en contra de la corrupción y exigir servicios públicos de calidad y oportunidades de trabajo en el país.
La reacción represiva del gobierno no se hizo esperar.
Desde el 1 de octubre, los manifestantes fueron reprimidos por la Policía. Hoy los muertos son casi 100 y los heridos, cerca de 4.000.
El gobierno decretó el martes pasado, el estado de alerta y el toque de queda en la capital y en las provincias de Nayaf, en el centro; Maysan, en el sureste; y Bagdad, la capital.
Según el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad reprimieron con mangueras de agua y gases lacrimógenos, luego de reforzar el área donde se encuentran las sedes de las instituciones y de las embajadas extranjeras en la capital del país, que suele ser blanco de los manifestantes.
Entre las medidas aprobadas por el gobierno, se determinó que el Ministerio de Salud se encargue de “ofrecer atención médica a los heridos de las manifestaciones y las fuerzas de seguridad”, y correr con los gastos en el país y “fuera de Irak en casos que sean necesarios”.
“Las víctimas de las manifestaciones y de las fuerzas de seguridad se considerarán como mártires (…) para dar a sus familias los derechos y privilegios”, figura entre las medidas adoptadas. La consideración de “mártir” en Irak otorga a las familias una pensión mensual vitalicia.
Amnistía Internacional (AI) denunció en un comunicado la semana pasada, el uso “letal” de la fuerza pública contra los manifestantes y aseguró que varios testigos confirmaron a la ONG que las fuerzas de seguridad han empleado “fuerza excesiva”, incluido fuego real, para dispersar las protestas.
Al menos, 99 personas murieron, unas 3978 resultaron heridas y 567 detenidas, de las cuales 355 ya fueron liberadas, en línea con lo prometido por el primer ministro, según un informe difundido por el vocero de la Comisión de Derechos Humanos de Irak, Ali al Bayati.