El exvicepresidente Amado Boudou present ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por su condena en el caso Ciccone, al considerar que enfrent un proceso “amaado y arbitrario en el que no habido garanta convencional que no se haya violado”.

En su denuncia, plante que la primera garanta que se viol en su proceso fue la de la “legalidad, en un contexto de discriminacin poltica y persecucin”.

En una presentacin de 22 carillas, a la que tuvo acceso Tlam, Boudou sostuvo que “junto con quien fue presidenta de la Nacin, Cristina Fernndez de Kirchner, y buena parte de su Gabinete de ministros” fue “objeto de una campaa de persecucin judicial”, apenas termin su mandato, en 2015, durante el Gobierno de Mauricio Macri.

La presentacin, que lleva la firma de Boudou con el patrocinio del abogado Alejandro Ra, fue realizada por el exvicepresidente al agotarse la va de reclamo judicial en la Argentina, tras la confirmacin de su condena de cinco aos y 10 meses de prisin por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, en diciembre de 2020, que ratific lo actuado por los tribunales inferiores.

Detalle de los pasos que sigui la causa

En el escrito se hace un pormenorizado detalle de los pasos que sigui la causa, que se inici, segn expres, “con intervencin de los servicios de la inteligencia clandestina”, en un trmite en el cual “iran a desplegarse las maniobras”, mientras las nuevas autoridades “implementaron desde su asuncin y en sede judicial una poltica ilegal de persecucin”.

Menciona en su respaldo un informe de la Comisin Bicameral de Fiscalizacin de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nacin, denominado “Espionaje ilegal 2016-2019”, en el cual se seal que hubo “un plan sistemtico ideado en lo ms alto del Gobierno Nacional” que buscaba “la extorsin poltica y econmica” y el mtodo que se fue el “‘lawfare’ o guerra jurdica”.

“Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida meditica y judicialmente, sin que existiera correlacin alguna con la verdad de los hechos”, para crear “un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervencin judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las dems las garantas constitucionales”, expres.

Tambin record su detencin, en noviembre de 2017, en horas de la madrugada, y dijo que tuvo “el evidente objetivo” de humillarlo pblicamente al ser “retirado” de su domicilio.

“Tuvo el evidente objetivo de humillarme pblicamente”, sostuvo Boudou, quien record que fue “en horas del amanecer”, sin citacin previa, “pese a que siempre haba comparecido a las citaciones” y, adems, exhibindolo ante la TV en pijama y pantuflas, ventilando ilegalmente imgenes del procedimiento”.

En otro pasaje de la presentacin, Boudou afirm que su causa fue divulgaba como “hechos de campaa” con un “profuso tratamiento meditico en primera plana”, para lo cual se “diseccion cuidadosamente” el proceso “desvirtuando su rigor objetivo, material y procesal”.

Se apur “en elevar a juicio un tramo de la causa vinculado con la actuacin” que se le reprochaba, entre otros, “junto los acusados Jos Mara Nez Carmona y Alejandro Vandenbroele”, plante y record que este ltimo luego se convirti en “arrepentido”, una situacin que fue difundida por la prensa incluso antes que se formalizara.

Record que a los 10 das de encontrarse “arbitrariamente detenido” se hizo pblico, el 13 de noviembre de 2017, que Vandenbroele ingres al programa de proteccin de imputados arrepentidos, y se quej de que el tribunal rechazara los reclamos de sus defensas para que se conocieran los trminos del acuerdo”, algo que segn la normativa vigente est slo admitido “en la etapa de instruccin” y no cuando est en marcha el juicio.

“Ante la manipulacin de las voluntades judiciales afectadas no hubo ningn recurso real a mi disposicin para la defensa de mis derechos”, dijo Boudou.

Seal que “todo eso fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante una simple negativa sin expresin de razn alguna, dejando a este modo agotados los recursos internos y por ende expedita la va internacional”.

“Sigo an preso. Y en sntesis, el Estado Argentino es responsable por la violacin” a las normas de la Convencin Americana de Derechos Humanos, concluy.