El gobierno de Ecuador dio por desactivado un intento de “golpe de estado” promovido por opositores vinculados al ex presidente Rafael Correa con apoyo “foráneo”, mientras que los movimientos indigenistas, que lideran desde hace 10 días una revuelta popular, advirtieron que las protestas continuarán hasta lograr que el FMI “se vaya del país”.

Pese a que el gobierno del presidente Lenín Moreno aseguró que la normalidad se recupera de a poco en el país, ocho policías, entre ellos una mujer, fueron retenidos por activistas indígenas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en una acción que las autoridades consideran secuestro.

La reacción popular, que involucra también a sindicatos y movimientos sociales, siguió a una decisión de Moreno de eliminar un subsidio a los combustibles, con su consecuente impacto en los precios de las naftas, en el marco de un acuerdo de ajuste económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La fuerza de las protestas movió a Moreno a declarar el estado de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, y a mudar la sede del gobierno a Guayaquil, unos 400 kilómetros al suroeste de Quito, ciudad esta última sitiada por acampes, movilizaciones y asambleas de las organizaciones indígenas.

Hoy, en una entrevista con la agencia de noticias Europa Press, el canciller ecuatoriano, José Valencia afirmó que fue desactivado un intento de “golpe de estado” en el que involucró a seguidores de Correa que, dijo, actuaron con el apoyo de una “acción foránea”.

“Eso solo tiene un calificativo: un golpe de estado, una subversión del orden democrático”, apuntó.

Valencia fue consultado puntualmente sobre si cree que hay un nexo entre Correa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Sí, tenemos muchos indicios de que por ahí apuntan las cosas, de que hay una acción foránea”, respondió el funcionario.