El inédito gobierno de coalición español encabezado por el socialista Pedro Sánchez se estrenó hoy con la polémica designación de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General, una suba de las jubilaciones acorde a la inflación y la ratificación del compromiso de dialogar con el gobierno secesionista de Cataluña.
En la primera conferencia de prensa del flamante gobierno de coalición entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP), Sánchez se vio obligado a defender la controvertida propuesta aprobada por el primer Consejo de Ministros de que la ministra de Justicia saliente, Dolores Delgado, sea la Fiscal General del Estado.
Con la designación de Delgado, que fue criticada por la oposición y algunas de las asociaciones de fiscales y jueces, Sánchez abandona el criterio de los últimos gobiernos de colocar al frente de la Fiscalía a un profesional de carrera afín ideológicamente pero sin carga partidaria o con una conexión tan fuerte como el hecho de proceder del propio Consejo de Ministros.
“Es una propuesta impecable, acreditada, con un currículum incuestionable”, aseguró el líder socialista sobre el nombramiento de Delgado, una decisión cuya responsabilidad atribuyó a todo el gobierno, incluyendo a UP.
Sánchez remarcó que la ex ministra de Justicia entró al gobierno en junio de 2018 “como independiente” y que “ha mantenido su carácter de independiente” y ahora “vuelve a la carrera fiscal que desarrolló estos últimos años”.
“Le he pedido independencia y que se garantice el estricto cumplimento de la legalidad democrática”, subrayó.
Y en cuanto a las críticas de la oposición, reprochó a la derecha que esté en contra de “todos los nombramientos” y volvió a reclamar que “acepten el resultado electoral”.
El vocero del opositor Partido Popular (PP), Pablo Montesinos, dijo que el nombramiento de Delgado es “un insulto a la imparcialidad de la Justicia”, y anunció que su partido presentará una denuncia ante el Tribunal Supremo.
“No hay peor golpe para la Fiscalía. El ‘sanchismo’ ha perdido ya todo el pudor”, denunció por su parte la líder del partido liberal Ciudadanos, Inés Arrimadas, en conferencia de prensa desde el Congreso de los Diputados.
Al margen de esta gran polémica inaugural, el primer Consejo de Ministros del gobierno de coalición progresista de España desde el retorno de la democracia aprobó una suba de las pensiones del 0,9%, ajustada a la inflación -la mínima alcanzaría los casi 850 euros al mes-, que se irá revalorizando hasta abril de 2021 si el índice inflacionario se incrementa.
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“Está garantizada la revalorización de las pensiones y el poder adquisitivo de los pensionistas de este país como nos comprometimos”, dijo Sánchez, quien dejó para más adelante la concreción del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de hasta un 60% (una media de 1.600 euros) como acordó con UP.
Finalmente, el otro gran tema abordado por el gobierno ha sido el compromiso de diálogo con el gobierno secesionista de Cataluña, encabezado por Quim Torra, quien pende de un hilo luego de haber sido inhabilitado por la Justicia en una decisión que no es firme.
“Desde luego no tengo ningún problema de reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña”, dijo Sánchez, tras insistir en que es “fundamental abrir un proceso de diálogo”, después de varios meses en los que las circunstancias “fueron difíciles”, al recordar las convulsas protestas de octubre pasado tras la sentencia que condenó a líderes independentistas a hasta 13 años de cárcel por el fallido proceso de secesión de 2017.