La investidura del líder socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, que se concretará entre el miércoles y jueves próximo, pone fin a una etapa de construcción de consensos, donde no faltaron la audacia ni las alquimias políticas, pero deja un país dividido y con “interrogantes sobre la gobernabilidad” y sobre el rol que jugará la Justicia, que será el escenario elegido por el Partido Popular (PP) para objetar la ley de amnistía acordada con los independentistas catalanes, según analistas consultados por Télam.
Cuando el 29 de mayo el presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció el adelantamiento de las elecciones generales para el 23 de julio para “someter nuestro mandato a la voluntad popular”, no fueron pocos los que pensaron que semejante audacia chocaría contra una dura realidad.
Era una convocatoria a las fuerzas progresistas a redoblar esfuerzos a horas de que el conservador PP y la ultraderecha de Vox acabaran de ganar ampliamente los comicios autonómicos y municipales y se aprestaran a gobernar en sociedad importantes regiones y alcaldías del país.
Pero el 23 de julio una luz se vio al final del túnel socialista. El PP fue el partido más votado, pero con su bancada y la de Vox no llegaban a reunir la mayoría absoluta de 176 votos que se necesita en el Congreso de los Diputados para investir a un jefe de Gobierno.
Sánchez y sus aliados progresistas sabían que esa única alianza posible le ponía un piso y un techo a las aspiraciones del candidato conservador, Alberto Núñez Feijóo, y así fue que el 27 de septiembre fracasó el segundo intento de investidura del líder del PP y el rey, Felipe VI, le encargó formar gobierno al socialista, el segundo candidato más votado.
Pero al PSOE tampoco le alcanzaba con los votos que le aportaba Sumar, la alianza de izquierda que ha sido socia durante el último mandato y que continuó durante el Gobierno que quedó a cargo del Ejecutivo, aunque con atribuciones limitadas, cuando se adelantaron las elecciones. Necesitaba de los partidos independentistas gallegos (BNG), vascos (EH Bildu y PNV) y sobre todo catalanes (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, y Junts per Catalunya, Junts), con quienes la negociación se podía resumir en una palabra: amnistía.
La Ley de Anmistía
Sánchez fue armando un complicado puzzle que comenzó por poner públicamente a principios de octubre la cuestión de la amnistía como un elemento de la negociación, continuó con el esperable acuerdo del plan de gobierno con Sumar y los preacuerdos con gallegos y vascos, que se formalizaron el viernes de esta semana.
Y, finalmente, los acuerdos para una ley de amnistía con ERC y Junts, el último y más trabado, que se anunció el último jueves en Bruselas, donde reside Carles Puigdemont, el líder partidario, prófugo de la Justicia española.
Así, Sánchez será nuevamente presidente del Gobierno superando la mayoría absoluta en primera votación, con 179 votos reunidos por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV BNG y CC. Los votos negativos serán 171, se prevé, aportados por el PP, Vox y los derechistas de Unión del Pueblo Navarro (UPN).
El camino que seguirá ahora la controvertida ley de amnistía que se acordó ad hoc esta investidura, más allá de los discursos, será en el Congreso de los Diputados, donde se espera que sea aprobada sin sobresaltos. De ahí pasará al Senado, donde el PP tiene la mayoría y se descarta un rechazo. La iniciativa vuelve a Diputados, que la tiene que enviar para su aceptación o rechazo al Tribunal Constitucional.
Es probable que el tribunal se aboque a estudiar el caso, según los medios españoles, pero tras el paso de todas estas instancias, la última sería el Ejecutivo.
La contracara de este proceso la aportó el PP, posicionándose decididamente en rol de opositor con un aguerrido lenguaje para denostar cualquier acuerdo de amnistía con los catalanes.
“La democracia española está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes”, dijo Feijóo con gravedad el último jueves, cuando el PSOE anunció el acuerdo con Junts.
Y en una muestra del nivel de la confrontación, el líder conservador, quien comparó al acuerdo por la amnistía con el “Tejerazo”, el intento de golpe de Estado comandado por el teniente coronel Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981, que ingresó a los disparos al Congreso español, y equiparó a los independentistas catalanes con el “terrorismo” de ETA.
“El golpe de Estado del 23-F, el del terrorismo, el del independentismo catalán de 2017, fueron desafíos a la libertad y a la convivencia. En este caso, el desafío a los valores de la Constitución está protagonizado por un candidato a la presidencia del Gobierno”, dijo el líder conservador, citado por el diario El País.
“Es una vuelta de tuerca más en una dinámica en la que estamos instalados, en la que la derecha sitúa a cualquier gobierno de izquierda en el campo de lo ilegítimo, lo inconstitucional, en lo no aceptable”, afirmó en diálogo con Télam Sergio Pascual, politólogo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) y exlegislador español por Podemos.
Este posicionamiento, agregó, “se ve en la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros tienen sus mandatos caducados hace cinco años. Es una forma del PP de no reconocer la legitimidad del gobierno en funciones, y este órgano que toma decisiones que afectan a la continuidad de las leyes”.
“Lo que sucede no es que esté en contra de la amnistía, que lo están, sino que además el PP tiene una fuga de votos hacia Vox que le hace imposible gobernar y lo limita a hacer acuerdos sólo con ese sector, lo obliga a girar a la derecha. Por eso endurece su discurso, para contener por derecha a sus votantes”, concluyó.
La gobernabilidad
Otro flanco que tendrá abierto el próximo gobierno de Sánchez es nada menos que el de la gobernabilidad. Esto es, si podrá trasladar los respaldos que reunió para esta investidura al tratamiento de las leyes que necesite para gobernar.
“Entre su militancia, Sánchez tiene un apoyo bastante grande. El 87% de los afiliados del PSOE respaldaron el acuerdo de la amnistía en la encuesta que informaron el domingo de la semana pasada. Distinto puede ser con los simpatizantes, pero eso habrá que analizarlo de aquí a un año. Creo que el socialista apuesta a que pase como con los indultos de 2021, que nadie los recordó a la hora de votar”, señaló a Télam David Lerín Ibarra, politólogo doctorado y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en referencia a los indultos parciales para los líderes independentistas catalanes que fueron condenados a prisión por el intento de secesión de 2017.
“En principio puede ser más complicada la gobernabilidad que antes, porque todas las leyes requieren el apoyo de toda la izquierda nacionalistas y también de PNV y Junts, que no son de izquierda, que no tienen posturas comunes, por ejemplo, en política fiscal”, agregó.
En este sentido, a modo de ejemplo, señaló que incluso “el acuerdo que han cerrado con Sumar va a ser complicado que pase por el Parlamento”.
Esta situación remite a un punto del acuerdo PSOE-Junts que se anunció el jueves, y es que se estableció un acuerdo de Legislatura que dure cuatro años, una llave para, estrategias parlamentarias mediante, intentar atenuar las rispideces entre los aliados, rispideces que tendrán de sobra con la oposición.