Según esa presentación, que recayó en el Juzgado Federal N° 3 de Daniel Rafecas, los derechohabientes de 9 de esos atacantes, que actuaron durante un gobierno constitucional, antes del golpe de marzo de 1976, recibieron posteriormente indemnizaciones como “falsas” víctimas de la represión ilegal.
“Las maniobras delictivas consisten en la registración oficial de casos falsos de víctimas de la represión ilegal del Estado, con el objeto de que sus causahabientes y otros partícipes cobraran indebidamente del Estado millonarias indemnizaciones que afectaron gravemente al erario público al amparo de la Ley N° 24.411 de indemnización por desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado”, sostuvo la denuncia.