El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y los miembros de la Corte de Justicia local decidieron avanzar en la elaboración de un proyecto que será remitido a la Legislatura local, para su tratamiento, con el objetivo de implementar el juicio por jurados populares en la provincia, según precisaron fuentes gubernamentales y judiciales.
La iniciativa establece aplicar en Salta un plan piloto y, una vez aprobada la ley respectiva, los jurados populares intervendrán en casos de homicidio agravado y abuso sexual seguido de muerte, que son delitos establecidos en los artículos 80 y 124 del Código Penal.
El juicio por jurados consagra el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia, y la Constitución Nacional habilita en sus artículos 24 y 118 a las provincias a la implementación de este sistema.
De este modo, Salta se sumará a Mendoza, Chaco, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Córdoba, que ya utilizan esa modalidad judicial.
Durante el encuentro entre Urtubey y los miembros de la Corte salteña, el presidente del cuerpo, Guillermo Catalano, comentó la reciente experiencia del primer juicio por jurados que se concretó en la provincia de Mendoza, donde se interiorizaron del funcionamiento de este sistema.
La función de los jurados populares es decidir en un juicio penal si una persona acusada por un fiscal penal de la comisión de un delito es o no culpable.
Los jurados populares se componen por 12 ciudadanos titulares y sus suplentes, los cuales surgen de una nómina anual de la cual se procede a la selección de quienes se desempeñarán durante el juicio como jurados populares.
El proyecto sigue esencialmente los lineamientos que planteara la Corte de Justicia de Salta, que, sobre la base de amplio diálogo previo, hizo entrega de un ante proyecto que toma en cuenta diversas fuentes del derecho argentino, considerando las posibilidades y realidades actuales de la provincia.
Entre los fundamentos del proyecto que se elabora en Salta y que Urtubey elevará a la Legislatura para su tratamiento se destaca que el juicio con jurados tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos del sistema republicano, siendo un control directo sobre los actos de otros poderes del Estado.
Es el modo en que el pueblo muestra a los poderes del Estado su visión de la realidad; implica una mayor garantía de imparcialidad; la división entre veredicto a cargo del Pueblo y sentencia a cargo del juez estatal brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.
Además de la calidad de los fallos, se trata del cumplimiento del mandato constitucional para completar el sistema elegido por los constituyentes para el control de la gestión pública.