“El gobierno constata que el PP se mantiene en su estrategia de bloqueo”, dijeron fuentes del Ejecutivo español en un comunicado al término de la reunión.
Poco después, el propio Casado explicó en conferencia de prensa que no hubo ningún acercamiento y supeditó cualquier negociación a que Sánchez renuncie a la mesa de diálogo que pactó con los independentistas para abordar el conflicto secesionista de Cataluña, a cambio de que facilitaran su reelección.
“Si (Sánchez) rompe con los independentistas, aquí tiene al PP para sentarse a hablar de los problemas reales de la gente”, resumió el líder conservador, tras afirmar que su partido se abría a negociar los presupuestos del Estado bajo esa condición.
Pero además, Casado puso otros requisitos que implican prácticamente el abandono de la agenda reformista del gobierno de coalición.
El político conservador pidió un giro de 180 grados en la política económica y fiscal; que se inhabilite al presidente catalán, Quim Torra; que se renuncie a modificar el Código Penal con la intención de rebajar las penas por sedición, y también, otro asunto de la agenda de la derecha, que en política internacional se reconozca claramente a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Casado también pidió a Sánchez que retire el nombramiento como Fiscal General a la ex ministra Dolores Delgado, si quiere que él facilite la renovación el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que nombra a los jueces y que actualmente cuenta con mayoría conservadora por una anomalía.
“El presidente Sánchez, pese a la actitud del PP, mantiene su compromiso de que esta sea la legislatura del diálogo entre las fuerzas políticas para desbloquear asuntos tan importantes para la ciudadanía como la financiación autonómica, el Pacto de Toledo sobre las pensiones, o la renovación de puestos en organismos de gran transcendencia para el país”, dijo después la vocera del Ejecutivo María Jesús Montero.
Montero tachó de “obstruccionista” y “negacionista” a Casado, a quien acusó además de “tomar de rehén” a las instituciones, a la vez que ratificó el compromiso “firme” de diálogo del gobierno con Cataluña.
El clima preelectoral por la celebración de los comicios regionales en abril en Galicia y el País Vasco, y previsiblemente en junio en Cataluña, así como los acuerdos previos de Sánchez con los independentistas catalanes, a los que les debe su reelección, dejaban poco margen para un acercamiento del gobierno con el principal partido de la oposición, necesario para llegar a acuerdos de Estado.
A Sánchez le urge renovar la actual composición del CGPJ, surgida de la mayoría absoluta que tenía el PP en 2011, para contar con un Poder Judicial más progresista.
Actualmente, hay tres vacantes en el Tribunal Supremo que se tienen que renovar, mientras el gobierno necesitará consultar al CGPJ algunas de sus iniciativas más importantes, coma la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición, delito por el que fueron condenados los líderes del fallido proceso de secesión catalán de 2017.