Los investigadores cuestionan, en el caso de la coalición internacional, un ataque a principios de enero en la región siria de Deir Ezzor en el que perdieron la vida 16 personas, entre ellos doce niños.
El objetivo del bombardeo habría sido un bastión del grupo Estado Islámico, pero las pruebas demuestran que no se tomaron las “precauciones necesarias” para discriminar entre objetivos militares y civiles.
La Comisión, que divulgó su informe anual, advirtió que “lanzar ataques indiscriminados que provoquen la muerte o heridas a civiles equivale a un crimen de guerra”, un aviso que también ha extendido en el caso de organizaciones insurgentes, a las que también acusó de “aterrorizar a civiles que viven en zonas bajo el control del gobierno”.
En el caso de las fuerzas leales al régimen de Bashar al Assad, los investigadores determinaron que han atacado de forma “sistemática” instalaciones médicas, escuelas o mercados, cuya agresión puede igualmente equivaler a crímenes de guerra, consignó la agencia de noticias Europa Press.