El presidente de la comisión, el indonesio Marzuki Darusman, y el experto Christopher Sidoti presentaron en Yakarta un informe en el que se señala a algunos de los proveedores de armamento y socios comerciales de las Fuerzas Armadas y reiteraron la necesidad de imponer sanciones selectivas a los cómplices del Ejército, así como un embargo armamentístico.
“Existe un vínculo indiscutible entre los negocios y las atrocidades cometidas, que implican al Ejército y también al gobierno civil”, indicó Darusman en una rueda de prensa.
La misión, que recibió su mandato de la ONU en 2017 para investigar violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, publicó un informe en agosto del año pasado en el que acusaba a los militares de perpetrar un genocidio contra la minoría musulmana rohingya.
En agosto de 2017, en respuesta a varios ataques de la policía por parte de guerrilleros del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) en el estado de Arakan, el Ejército lanzó una brutal operación militar que causó el desplazamiento a Bangladesh de más de 700.000 miembros de esta etnia.