La investigación lanzada para iniciar un juicio político contra el presidente de Estados Unidos desnudó el desapego por la diplomacia y potencialmente las leyes de Donald Trump, pero también puso en duda la ética de uno de sus rivales más fuertes para las próximas elecciones, el ex vicepresidente Joe Biden.
Concretamente, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, lo acusó de bloquear una denuncia de un informante no identificado que el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia consideró creíble, y de pedirle al presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, en el llamado del último 25 de julio, que intervenga para ayudar en su reelección.
De ser confirmadas estas denuncias, para Pelosi, la primera representa un delito; la segunda, una violación a las responsables constitucionales de la Presidencia, y ambas permitirían justificar su destitución.
La denuncia del informante -presuntamente un empleado público o funcionario- no se hizo pública, pero el diario The Washington Post filtró hace una semana que Trump amenazó con suspender 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania si el nuevo gobierno de ese país no investigaba a Biden por un antigua sospecha de conflicto de intereses.