“El Departamento de Justicia respalda el estado de derecho y le debemos a las víctimas y sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, señaló Barr, según cita EFE.
El fiscal transmitió su decisión al buró de prisiones y pidió al director del área, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte por asesinato, y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos, se detalló en la nota.
Las ejecuciones, que no se practican a nivel federal desde 2003, se llevarán a cabo en diciembre de este año y enero de 2020, según el anuncio.
Barr remarcó que “bajo gobiernos de ambos partidos, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte para los peores criminales, incluidos estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado tras un proceso completo y justo”.
El Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976 y eso ha permitido a los estados más conservadores del sur, como Alabama y Misisipi, implementar este castigo.
El Congreso aprobó en 1988 una ley que permitía ejecutar a muerte a algunas de las personas condenadas por delitos de drogas.
El último 20 de junio se le aplicó la pena de muerte en el estado de Georgia el reo Marion Wilson por el asesinato de un guardia de prisiones en 1996, lo que le convirtió en el ejecutado 1.500 en Estados Unidos desde que la pena de muerte quedó restituida hace cuatro décadas.