El Tribunal Supremo (TS) español avaló este miércoles las rebajas de penas aplicadas en las revisiones de condenas firmes, tras la entrada en vigor de la cuestionada ley sobre delitos sexuales conocida como “Solo sí es sí”, mientras que la Fiscalía esperará a conocer el contenido de las sentencias antes de pronunciarse.

La ley, que entró en vigencia en octubre de 2022, pretendía endurecer la anterior legislación, eliminando los abusos, con penas más leves, y convirtiendo todos los delitos sexuales en agresiones.

Pero para eso, los legisladores modificaron el marco de penas, rebajando algunos mínimos y máximos, lo que tuvo la consecuencia indeseada de que, como en España se aplican retroactivamente las nuevas leyes si benefician al preso, se revisaron a la baja numerosas penas.

Así, casi mil delincuentes sexuales convictos vieron sus penas reducidas y más de un centenar fueron excarcelados, según datos de los tribunales, lo que desató un gran escándalo en el país.

Ahora, el máximo tribunal de justicia se reunió durante dos días para fijar doctrina respecto a la rebaja de condenas firmes, en el que analizó un total de 29 recursos contra las revisiones efectuadas, la mayoría presentados por los condenados, informó la cadena de noticias pública RTVE.

Las Audiencias Provinciales, es decir, los tribunales provinciales, habían rebajado penas en los casos en que la polémica ley beneficiaba al condenado.

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, calificó a la medida como una “mala noticia”.

“Es fundamental acelerar la puesta en marcha de todas las medidas de la Ley Solo Sí es Sí que protegen a las mujeres víctimas de violencias sexuales: especialización judicial, asistencia jurídica gratuita, centros de crisis, psicólogas y abogadas sin necesidad de denuncia”, escribió Montero en su cuenta oficial de Twitter.

Hasta ahora, los tribunales habían oscilado entre aplicar rebajas automáticas o mantener las penas antiguas allí donde ha sido posible, por lo que hacía falta que el Supremo fijara doctrina.

Esta decisión del Tribunal Supremo supone un golpe al criterio unánime de la Fiscalía y del Gobierno, que esperaba que el Alto Tribunal avalase que se mantuvieran las condenas ante el escándalo de las excarcelaciones y rebaja de penas.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dijo que esperará para pronunciarse a “conocer el contenido completo” de las sentencias para pronunciarse.