El gobierno de colación progresista de España desvinculó hoy su reforma del Código Penal de las negociaciones pendientes con los secesionistas de Cataluña, ante la polémica que generó la iniciativa por beneficiar a los líderes condenados por el fallido proceso de secesión de 2017.

“Estamos armando ese proyecto de reforma, que vamos a llevar a la Cámara, pero no forma parte en absoluto de la mesa de diálogo” con Cataluña, subrayó hoy la vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, descartando que sea una contraprestación a los independentistas catalanes.

La reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez contempla, entre otras modificaciones, una revisión de los delitos de rebelión y sedición, este último por el que fueron condenados 9 líderes secesionistas por el intento de ruptura frustrado hace más de dos años.

Ante estos planes, la oposición pegó un grito en el cielo y acusó al gobierno de ofrecer un “indulto encubierto” a los secesionistas como premio por haber facilitado la reciente reelección de Sánchez al frente del Ejecutivo.

“Sánchez quiere cambiar el Código Penal para sacar de la cárcel a sus socios condenados por sedición. Es un indulto encubierto para pagar sus votos en la investidura”, afirmó en Twitter el líder del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado.

Casado anticipó que su partido “rechazará” en el Parlamento lo que calificó como “cesión intolerable” a los independentistas, al igual que los liberales de Ciudadanos y el partido de extrema derecha Vox.

Frente a las críticas de la oposición, Calvo insistió en que la reforma penal camina al margen del diálogo que Sánchez mantendrá a principios de febrero con el presidente catalán, Quim Torra, y la mesa de negociación sobre el conflicto de Cataluña que pactó con el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Oriol Junqueras, a cambio de su abstención.

La vicepresidenta justificó la voluntad de llevar a cabo la reforma a una cuestión de “necesidad más que de urgencia”, recordando que algunos tipos penales del ordenamiento jurídico española “no están a la altura del derecho comparado en Europa”, según explicó en entrevista con la radio Cadena Ser.

La vicepresidenta, no obstante, admitió que la reforma del delito de sedición beneficiaría a Junqueras -condenado a 13 años de cárcel- y al resto de líderes presos, puesto que implicaría un reducción de las penas, debido al principio de retroactividad de la ley penal de forma favorable al reo que rige en España.

Aunque “no depende del gobierno, sino de la Justicia, que es quien aplica la reforma”, señaló Calvo.

El gobierno español puede sacar adelante la reforma del Código Penal sin los votos del bloque de la derecha, ya que sería suficiente el apoyo de sus socios de coalición de Unidas Podemos (UP), los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes para alcanzar la mayoría absoluta de 176 votos.

“La ambigüedad que rodea al delito de sedición permitiría que se aplique a gente que pare un desahucio (desalojo por impago) o a una huelga de mineros que en un momento dado cortan una ruta”, advirtió Pablo Echenique, vocero parlamentario de UP, al apoyar la iniciativa, en una entrevista con TVE.