Estados Unidos expulsó a dos funcionarios de la embajada de China a los que acusó de espionaje y la medida se mantuvo en secreto durante tres meses, en medio de la tensión geopolítica y comercial entre ambos países, reveló hoy la prensa norteamericana.

El incidente ocurrió en septiembre pasado, cuando los funcionarios chinos fueron expulsados luego de detectarse que habían ingresado en una base militar que alberga a las Fuerzas de Operaciones Especiales, en Virginia, reportó el diario The New York Times.

Los funcionarios chinos, a bordo de un automóvil y acompañados por sus esposas, ingresaron a la base pese a la prohibición de acceso y, una vez adentro, un camión de bomberos les impidió que siguieran avanzando, de acuerdo con el periódico.

Los visitantes adujeron que no habían comprendido las restricciones debido a su escaso manejo del idioma inglés y aseguraron que se habían perdido, lo que no convenció a las autoridades estadounidenses y determinó la expulsión, la primera de funcionarios chinos en 30 años, según la agencia de noticias ANSA.

A través de su embajada, Beijing manifestó a Washigton que lamentaba las expulsiones y las consideraba una venganza por su campaña contra la diplomática estadounidense Julie Eadeh, a quien consideraba coordinadora secreta de las protestas a favor de la democracia en Hong Kong, pero no adoptó represalias.

Pocas semanas después del incidente, el Departamento de Estado anunció restricciones a las actividades de los diplomáticos chinos y los obligó a comunicar con anterioridad sus encuentros con funcionarios locales, así como sus visitas a escuelas, universidades y centros de investigación.

En este caso sí hubo reciprocidad de parte de Beijing, que la semana pasada anunció a través de la vocera de la cancillería, Hua Chungying, que “en respuesta a las restricciones del Departamento de Estado estadounidense a diplomáticos chinos desde octubre de este año, China notificó a la embajada de Estados Unidos en China que se tomarán medidas inmediatas”.

La funcionaria no dio detalles de las medidas, pero asintió cuando periodistas le consultaron si consistían en avisar a la cancillería con cinco días de antelación cualquier reunión con miembros del gobierno local, según la agencia EFE.